El juez especial de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, fijó la audiencia para conocer la acusación del caso contra la diputada Rosa Amalia Piarte López para el próximo jueves 31 de agosto a las 10:00 am.La diputada es acusada de violación de los artículos 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 contra el Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana; hechos que por igual, en gran medida, al momento de su ocurrencia se encontraban tipificados en los artículos 3 literales a y b, 18 y 21 literales a y b de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.Actualmente la familia de la legisladora Rosa Amalia Pilarte es procesada por lavado de activos producto del narcotráfico.Pilarte es la esposa de Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien es acusado por el Ministerio Público de ser cabecilla de una supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico. RELACIONADAS Nacional TSE rechaza solicitud de Rosa Amalia Pilarte y valida resolución que le negó precandidatura SolicitudLa Procuraduría General de la República solicitó medida de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a cien millones de pesos contra Pilarte López.Así consta en la acusación formal presentada por la Procuraduría General ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.“Que le sea impuesta la medida de coerción consistente en la presentación periódica por ante el Ministerio Publico a cargo de la investigación cada 30 días mientras dure el proceso, el pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de cien millones de pesos (RD$100,000,000.00), así como el impedimento de salida del país”, solicita el Ministerio Público.También solicitó fijar la fecha y hora para celebrar audiencia preliminar a los fines de conocer sobre la acusación presentada en contra de la diputada para ser procesada por lavado de activos.